El actual y accidental ministro de Justicia nos dejaba estos días el siguiente titular: “se revisarán las tasas judiciales para que no haya merma del derecho a la tutela judicial efectiva”.
Pues bien, esta afirmación resulta engañosa, sin embargo, permítanme una digresión previa que pasa por una expresiva afirmación: los derechos tienen dientes.
Me explico.
En líneas generales es posible diferenciar dos maneras de acercarse a los derechos. Una primera, que los anuda a principios e ideales morales, pero que, precisamente por su naturaleza, los deja inermes ante el mundo, abrazados a una incertidumbre permanente. Otra segunda, descriptiva, no busca tanto justificar el origen de cada derecho, sino más bien explicar cómo funciona un conjunto sistemático de leyes. Desde esta perspectiva, se reputarían derechos, en sentido estricto, aquellos que están reconocidos, garantizados y protegidos por una norma legal. Los derechos como hijos de la ley. Y son precisamente estos derechos (legales), los que tienen dientes pues conllevan un poder, un «triunfo» (Dworkin) frente al arbitrio caprichoso de los privilegiados.
Los derechos morales, sin un reconocimiento y sin la protección de la fuerza de la ley, a pesar de su trascendental importancia (pues son la luz que va abriendo nuevos caminos de igualdad y dignidad humana) carecen de dientes. Son legítimas aspiraciones, deseos de justicia, anhelos de libertad que, sin embargo, no pueden exigirse por sí solos ante funcionarios públicos o tribunales de justicia, que sólo están sometidos al imperio de la ley (rule of law).
Hablaba, al comienzo de este artículo, del tramposo titular del ministro de Justicia, donde se aludía a la merma que la tasa judicial supone para el derecho a la tutela judicial efectiva.
Sin embargo esa injusta medida (tributaria) no supone sólo un menoscabo para el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, sino que también resulta ser un ataque directo a cualquier libertad o derecho que la ciudadanía pueda hacer valer, justamente, ante un tribunal de Justicia.
Las corrientes de pensamiento más liberales (sobre todo autores englobados dentro del libertarianismo, como el profesor de Harvard Robert Nozick) han venido argumentado, falaz pero exitosamente, que hay determinados derechos (llamados derechos o libertades negativas) que sólo se garantizan por el Estado (mínimo) si éste, simple y llanamente, se abstiene de realizar ninguna injerencia en la esfera del ciudadano. Así, por ejemplo, el derecho a la libertad, a la propiedad privada, a poder expresarse libremente y sin cortapisas, etc.
Frente a estos derechos (aparentemente «gratuitos», pues no implicarían de la Administración ninguna actividad, sólo laissez faire laissez passer), se presentan otros (prestacionales o positivos) que requieren de costosos desembolsos económicos por parte de los gobiernos para poder disfrutarse: sanidad y salud pública, prestaciones sociales, educación, etc.
Sin embargo, esta atractiva (por su indisimulada sencillez) dicotomía oculta una verdad insoslayable y es que «no existe derecho sin remedio» y que por tanto, para poder disfrutar y ejercitar cualquier derecho (también los erróneamente considerados gratis o negativos) en sentido legal (y no meramente moral), se requiere, en todo caso, de una organización (estatal, federal, regional) que pueda reparar de forma justa y predecible las ofensas sufridas en cada derecho.
Así, frente a una violación del derecho a la propiedad (por ejemplo un arrendatario que ni paga la renta ni abandona el edificio), sólo es dable volver a disponer de la posesión y el dominio acudiendo a los tribunales, una organización administrativa que, lógicamente, implica un coste económico para el Estado. Por tanto, no hay derechos gratuitos para nadie y la administración de Justicia se antoja el cauce natural para remediar cualquier afrenta a todo derecho. Por esta razón, las tasas judiciales, que están cerrando el paso a la ciudadanía a la justicia no son sólo una traba, una merma y un ataque contra este derecho (el acceso a los tribunales, que es único en sí mismo), sino que sobretodo y también, están cercenando otros tantos derechos violentados, que sólo pueden remediarse por medio de las resoluciones judiciales, que devuelven los dientes a los derechos.
Por todo, alejar a la ciudadanía de los tribunales mediante la implantación de una elevada barrera de entrada como lo es la cuantiosa «tasa Gallardón», implica permitir que todo derecho y libertad quede inerme, desdentada, vacía de contenido, sin remedio y, como cantaba el poeta, abrazada a una duda, en mitad de la calle y desnuda.
